Mar peruano: una política de Estado


José Antonio García Belaunde, canciller Rafael Roncagliolo y Allan Wagner.

27 de enero, 10° aniversario del fallo de la Corte de La Haya sobre la delimitación marítima entre Chile y Perú, que puso fin definitivo al diferendo entre estos dos países.

Escribe: Gustavo Meza-Cuadra (*)

Aunque nos sorprenda, hace diez años los peruanos estuvimos muy unidos, el Ejecutivo, el Congreso, las regiones, los partidos políticos, los medios de comunicación, la academia, la población en general, todos colaborando detrás de un gran objetivo, el caso por la delimitación marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En los seis años que duró el proceso, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, que fue anunciada el 27 de enero de 2014, se consolidó un consenso nacional sobre los derechos del Perú en la materia, pero sobre todo respecto a la decisión de resolver esta controversia de manera pacífica a través de los medios que ofrece el derecho internacional, como es el recurso al más importante tribunal internacional.

Gobiernos de distinto signo ideológico y características cumplieron un papel importante en cada una de las etapas que tuvo el caso. En el gobierno de Alejandro Toledo se retomó el planteamiento que años atrás había llevado a Chile el embajador Juan Miguel Bákula proponiendo a nuestros vecinos resolver el asunto pendiente de la delimitación marítima a través de la negociación, pero esta vez indicando que de no recibir una respuesta favorable se recurriría a los medios pacíficos de solución de controversias.

El embajador peruano Juan Miguel Bákula propuso resolver la delimitación por la vía de la negociación.

Al gobierno de Alan García le correspondió tomar la trascendental decisión de presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Si bien al inicio de su mandato se priorizó la vía diplomática sobre la judicial, muy pronto se hizo evidente que no había disposición para tratar bilateralmente el tema. El canciller de la época, el embajador José Antonio García Belaunde adoptó las primeras decisiones fundamentales para preparar el caso. Una de ellas fue la conformación del equipo nacional, presidido por el agente, el embajador Allan Wagner, una personalidad excepcional que reunía virtudes de liderazgo y experiencia diplomática difíciles de igualar. También resultó de gran importancia la designación de Gilbert Guillaume como juez ad hoc del Perú, un jurista de enorme prestigio y expresidente de la Corte.

Otra muy buena decisión fue la cuidadosa selección del grupo de juristas internacionales, como Alain Pellet, uno de los más experimentados y exitosos en procesos ante la Corte; el destacado profesor de Derecho Internacional de Oxford, Vaugham Lowe; el brillante abogado norteamericano Rodman Bundy; el exasesor jurídico del Foreign Office, Michael Wood; además del exjuez del Tribunal del Mar, Tulio Treves. No se debe olvidar tampoco al geógrafo Scott Edmonds, quien, además de ser uno de los mejores del mundo, tuvo siempre la convicción de la solidez de nuestra posición.

Es en el trabajo muy bien afiatado de estos juristas con el equipo peruano de la Cancillería que se fue elaborando gradualmente los elementos centrales de la posición peruana, que sirvieron primero para la elaboración de la demanda, luego la memoria, que es el principal documento que sustenta la posición peruana y adjunta los documentos de respaldo, y finalmente la réplica, con la que se respondió a los argumentos de la contramemoria chilena. El eje central de la posición peruana, la inexistencia de un acuerdo de límites fue sólidamente fundamentado y finalmente recogida también por la Corte, pues si bien el fallo señaló que hubo un acuerdo tácito, no acogió la tesis de Chile de que los instrumentos de 1952 y 1954 constituyeron un acuerdo de límites y le concedió un efecto limitado al paralelo.

Posiciones de ambos países ante la Corte Internacional de Justicia: la línea roja es la del Perú y la línea azul es la de Chile.

Otro logro importante de esta primera etapa fue la firma de un acuerdo de límites con Ecuador, que evitó que este país se presentara en la Corte respaldando la posición chilena, lo cual, además, reforzó nuestra tesis de que los instrumentos tripartitos de los años cincuenta no habían resuelto el tema de los límites marítimos.

El presidente Ollanta Humala no solo mantuvo al equipo que había venido trabajando en el caso, sino que designó al excanciller García Belaúnde como coagente. A su canciller, Rafael Roncagliolo, le tocó conducir el proceso en la etapa clave de la fase oral. Sus excelentes vínculos con diversas personalidades chilenas contribuyeron a mantener el diálogo fluido con Chile, y también desarrolló un fino trabajo de difusión y preparación de la opinión pública respecto del caso antes de la sentencia.

Luego de pronunciada la sentencia, que resultó muy favorable, al conceder al Perú alrededor de tres cuartas partes de los espacios marítimos en discusión, esta fue ejecutada de manera muy expeditiva por ambos gobiernos, los cuales, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte, determinaron de manera conjunta las coordenadas del límite marítimo. Sin duda fue un gran ejemplo para el mundo el que dieron ambos países al solucionar pacíficamente esta antigua controversia jurídica.

Este resultado positivo, uno de los grandes logros de nuestra política exterior, fue consecuencia de la continuidad, profesionalismo y dedicación con el que se manejó el tema, tratándose como una política de Estado, que debería tomarse como referente para otros grandes desafíos que enfrenta actualmente nuestro país.

El mar peruano o Mar de Grau, fuente de recursos hidrobiológicos y minerales. (Foto: Diario El Peruano).

(*) Gustavo Meza-Cuadra: Ex Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Fue asesor en temas de derechos del mar en el caso de la demanda sobre delimitación marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

(*) El presente texto fue originalmente publicado en el díario La República, el 27 de enero del 2024.

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